Mea Culpa

Uno de los grandes problemas que afronta el Estado moderno es el relativo a la migración humana en sus dos aspectos: inmigración y emigración.

El ateniense Jenofonte escribió MEDIOS DE AUMENTAR LAS RENTAS PÚBLICAS EN ATENAS, obra considerada la primera monografía económica de que se tiene conocimiento, en la cual aboga por una inmigración abierta, y la justifica de la manera siguiente: “Si instituyéramos también una agrupación que se ocupara de los extranjeros, como tenemos una que se ocupa de los huérfanos, y se confiriera algún honor a aquellos que introdujesen el mayor número de ellos, un plan semejante satisfaría mas a los extranjeros residentes entre nosotros y, como es probable, todos los que no tienen residencia buscarían ansiosamente establecerse en Atenas y así aumentarían los ingresos públicos. “Mientras más fuese la gente que se estableciera entre nosotros y nos visitara es evidente que se importarían, exportarían y venderían mayores cantidades de mercancías y se asegurarían mas ganancias y tributos”.

En los tiempos actuales, los países que tradicionalmente habían mantenido una política abierta de inmigración han tenido que revisarla, pues el interés nacional así lo ha demandado. Los motines y protestas ocurridos en Francia el pasado mes de noviembre reflejan esa realidad; el endurecimiento de las medidas adoptadas contra los ilegales por los Estados Unidos de América constituye otro ejemplo.

Actualmente, la República Dominicana está sufriendo las consecuencias de las abundantes contrataciones y tratados con la vecina República de Haití, tendentes a la importación de una mano de obra relativamente más barata y más trabajadora. Proceso relacionado directamente con el desarrollo de la industria azucarera en el país, que a partir de principios del siglo XX inició una masiva importación de braceros haitianos, que supuestamente eran contratados temporalmente, por lo que ninguna diligencia legal a fin de legitimar su residencia en nuestro territorio era necesaria.

Ahora bien, debemos de estar conscientes de que la desesperación que obliga a un infeliz haitiano a cruzar la frontera para conseguir un mendrugo de pan, aún a sabiendas de que en el otro lado será maltratado y humillado, es similar a la que impulsa a un infeliz dominicano a exponerse en una yola a desafiar el mar, y a un mexicano o un sudamericano a cruzar enormes extensiones de terreno desérticas, a sabiendas de que podría perecer en el intento, para alcanzar la tierra que pueda ofrecerle mejor calidad de vida.

Del mismo modo, hemos de saber, que la gran cantidad de haitianos ilegales que entran a territorio dominicano constituye una realidad, que ha beneficiado a muchos hombres, que sobreponiendo sus intereses al interés de su Patria, han hecho fortuna con el tráfico de indocumentados haitianos. Por lo que consideramos, los culpables del problema dominico-haitiano están a ambos lados de la frontera.

La poderosa industria azucarera y la pujante industria de la construcción, son claros ejemplos de empresas ampliamente beneficiadas con la presencia del trabajador haitiano, al cual explotan dada su condición de ignorancia, falta de documentación legal y desprotección laboral. Es tanto así, que ambos negocios violan cabalmente la ley que establece que en el personal empleado de una empresa, el 80 por ciento cuando menos, debe ser mano de obra dominicana. Sin embargo, los haitianos constituyen más del 90 por ciento dentro de las citadas industrias. Sólo para decir un ejemplo.

Nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Realmente necesita República Dominicana fuerza laboral inmigrante? No, seria la respuesta correcta, puesto que no debemos olvidarnos de la alta tasa de desempleo que existe en nuestra sociedad. Sin embargo, es el año 2006, declarado por el Presidente Leonel Fernández como el Año de la Generación de Empleos, excelente consigna, pero también es el año en cual hay más de un millón de haitianos indocumentados, los cuales ocupan espacios, trabajos e ingieren alimentos, que bien podrían ser de dominicanos.

En cuanto a la natalidad, 420 bebés de madres haitianas nacen al año en el Hospital Regional Jaime Mota, de la ciudad de Barahona. La cifra es alarmante, pero indudablemente inexacta si investigásemos las demás hospitales del resto del territorio nacional. ¿Estas criaturas, en caso de nacer de indocumentadas, son dominicanas? He aquí una de las interrogantes más comentadas respecto a la problemática dominico-haitiana. Puesto que a partir de esta situación esta en juego la nacionalidad dominicana, quienes han de ser beneficiados con ella y quienes no.

La Constitución Dominicana en su artículo 11, inciso 1ro plantea: “Son Dominicanos: Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de transito en él”. Como vemos, la Carta Magna no especifica en cuanto a aquellas personas, que se encuentren de manera irregular en el territorio, como tal es el caso de más del 90 por ciento de los haitianos que viven en el país.

Dentro del presente contexto, la Suprema Corte de Justicia, a propósito de la inmigración y su relación con la nacionalidad, dictó la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2005. En dicha decisión queda definitivamente establecido que sólo los hijos de extranjeros autorizados y con residencia permanente en el país llegan a ser dominicanos. Evidentemente se da una confrontación con lo planteado en la Constitución.

Es por esto, que la ausencia de una clara política migratoria es el principal problema de la inmigración haitiana. Puesto que ineficazmente se cumple el artículo 37 de nuestra ley de leyes, que precisa en el numeral 9 que: “Es atribución del Congreso: Disponer todo lo relativo a la migración”. Siendo la regulación y el control del movimiento de las personas que entran y salen del país un derecho inalienable y soberano del Estado Dominicano.

Por consiguiente, a la hora de plantear soluciones, lo primero que ha de hacerse es una Reforma Constitucional que contemple todos los aspectos concernientes a los derechos de los residentes ilegales del territorio. Por supuesto, esto con llevaría una reforma al Código de Trabajo, a fin de que sólo estipule los derechos de aquellos extranjeros documentados, dejando a la merced de la explotación a los ilegales.

Abogando siempre, por soluciones legales claras ante la creciente inmigración haitiana indocumentada, como lo exigió la Conferencia del Episcopado en la pasada Carta Pastoral con motivo de la celebración del día de Nuestra Señora de la Altagracia, el 21 de enero de este año.

A nivel internacional, hemos de ser honestos, si existiese una verdadera voluntad identificada con el problema de pobreza y superpoblación haitiana, Francia, una nación históricamente relacionada con Haití, no escatimase esfuerzos, y se plantearía y estudiaría las posibilidades de disposición del territorio de la Guyana Francesa, actualmente poco habitada, como una de las alternativas de destino para haitianos. En cambio, las grandes potencias pretenden ignorar, que es más fácil para la tortuga ganarle al conejo, que para la República Dominicana cargar con Haití.

Así pues, luego de que los parámetros legales estén estrictamente establecidos, es un deber del Estado el saneamiento y fortalecimiento de los cuerpos armados encargados de la vigilancia fronteriza, puesto que la corrupción de éstos ha sido un factor determinante en la entrada ilegal de haitianos, que deben ser repatriados sin excepción alguna.

De esta manera, se logrará establecer un control significativo de la inmigración haitiana y los trabajos que en su condición de ilegales realizaban, pasarían a manos dominicanas. No obstante, es necesario destacar que este proceso, no esta empañado de un carácter discriminatorio, sino de un carácter legal. Tengan en cuenta que debemos poder alimentar a nuestros hijos, antes de ayudar al vecino con los suyos. Como dijo Juan Pablo Duarte: “Sed justos, lo primero, si queréis ser felices. Ese es el primer deber del hombre…”.

- Boris De León Reyes: 6 de enero del 2006

BIBLIOGRAF ÍA

- Constitución de la República Dominicana

- Carta Pastoral de la Conferencia del Episcopado del día de Nuestra Sra. De la Altagracia, 21/1/2006

- Discurso de la Audiencia Solemne, del día del Poder Judicial, el 7/1/2006

- Periódico Diario Libre de fechas: 20/12/2005; 16/1/2006; 20/1/2006

- www.monografias.com

- www.27febrero.com/ideariodeduarte