mayo 1968
El impacto del 68
| Traducido para Rebelión por J.M. y revisado por Caty R. |
Los papeles del Pentágono nos dicen que por miedo al creciente malestar de los ciudadanos, el gobierno se vio obligado a poner fin a la guerra. Además no estaba seguro de que pudiera disponer de suficientes tropas para enviar a Vietnam y al mismo tiempo para reprimir los disturbios en el frente doméstico.
Una de las reacciones más interesantes de las que sobrevinieron en 1968 fue la primera comunicación de la Comisión Trilateral (organización creada por Rockefeller compuesta de empresarios, banqueros, altos cargos de las administraciones políticas, ideólogos y teóricos de la nueva derecha y dirigentes sindicales de marcado tinte anticomunista, N.deT), que pensaba en «una crisis de la democracia» debido a la excesiva participación de las masas. En las postrimerías de los años 60 se suponía que las masas debían ser pasivas, no se escuchaban sus voces y no podían entrar en la escena pública. Cuando lo hicieron, el hecho se calificó de «exceso de democracia» y la gente temió que esas manifestaciones ejercieran demasiada presión sobre el sistema. El único que no expresó demasiado sus opiniones fue el grupo corporativo empresarial porque estaba implicado en las políticas aceptables.
La Comisión hizo un llamamiento a la moderación en la democracia y al retorno a la pasividad, señaló que «las instituciones encargadas del adoctrinamiento», como las escuelas y las iglesias, no estaban haciendo bien su trabajo y debían hacerlo de forma más agresiva.
El ala más reaccionaria fue más violenta ante los acontecimientos del 68. En aquel momento trataron de reprimir la democracia y en parte lo lograron, aunque no realmente, ya que el movimiento social de activistas creció. En 1968, por ejemplo, era inimaginable que se llegaría a crear, en 1980, un grupo de solidaridad internacional.
Actualmente, la democracia es incluso más fuerte que en 1968. Hay que recordar que al principio de la guerra de Vietnam no hubo oposición. La oposición se desarrolló, pero sólo seis años después, cuando John F. Kennedy atacó Vietnam del Sur y creció el número de víctimas. En cambio, en la guerra de Iraq, la oposición ha estado presente desde el principio, incluso antes de que se iniciara el primer ataque. La guerra de Iraq es el primer conflicto de la historia occidental en el que ha habido manifestaciones masivas contra una guerra incluso antes de que comenzara. También hay otras diferencias. En 1968, sólo se discutía la salida de Vietnam de forma marginal. Actualmente todos los candidatos a la presidencia se refieren a la retirada de Iraq como una posibilidad política real.
Actualmente también hay un mayor rechazo a la opresión del que había entonces. EEUU solía promover o apoyar rutinariamente los golpes de estado en América Latina. Pero la última vez que los estadounidenses apoyaron un golpe de Estado, en 2002 en Venezuela, tuvieron que dar marcha atrás rápidamente por la fuerte oposición pública. Sencillamente no pueden hacer las cosas que hacían antes.
Por eso pienso que el impacto del 68 ha sido duradero y, definitivamente, ha dado resultados positivos.
Original en inglés: http://www.chomsky.info/articles/20080508.htm
Vía: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=67675&titular=el-impacto-del-68-
¿Ganaron? Análisis Post-Electoral
El pasado viernes sucedió un hecho real, ese hecho fue que 2.2 millones de dominicanos, el 53% de los que votaron, lo hicieron por el actual Presidente, reeligiendo su desproyecto de nación virtual; idealizada en las calles de Nueva York, y que olvida el campo, la raíz, el barrio, al vecino, a la vecina, la escuelita, el verdulero, la música del colmado y las calles polvorientas.
Todo aquello es verdad, pero también es verdad que ganó en unas “elecciones” bien organizadas, desde el punto de vista administrativo y que trascurrieron sin incidentes (más allá de aquellos a los cuales ya estamos acostumbrados), pero sin una acción de fuerza que obligara a los 2 millones de dominicanos que votaron por él. Analicemos las razones por las cuales pudo sucede este fenómeno.
La noche del 16 de mayo, estuve hasta tarde de la noche recorriendo la ciudad. El polígono central, la 27 de Febrero, la México, la Duarte y zonas aledañas, la Máximo Gómez, la Bolívar, la Zona Colonial, Ciudad Nueva, San Carlos, el Malecón, todas desiertas. En el único lugar en el que hubo celebración esa noche fue en la avenida Independencia, frente al local principal del PLD en la calle Cervantes y más tarde, cerca de la Independencia esq. Pasteur, en el concierto de Peña Suazo, a escasos pocos metros de la Casa Nacional de ese partido.
En el colmado de la esquina, un oficial superior del DNI, para nada incubierto, se apresuraba comprando, junto a sus subalternos, varias botellas de “blu leibol” al precio que costara. Se notaba que no estaban tan preparados para celebrar.
Pero realmente no había un pueblo celebrando. Celebraban los militantes del PLD; tan escaso tigeraje, que apenas podía colmar el patio del comando de campaña y el pedazo de calle en frente. Pero ese viernes el pueblo se acostó temprano. Y creo que se acostó, después de escuchar al derrotado Miguel Vargas alrededor de las 11:00 de la noche. La ciudad cerró sus puertas.
Esta anécdota me permitió reflexionar la situación. Los jóvenes observadores internacionales, a quienes acompañé todo el día 16 recorriendo los centros de votaciones de la ciudad, se sorprendían de la calma absoluta. Yo les decía que el pueblo, aunque en mayoría votara por Fernández, no encontraría verdaderos motivos para celebrar su propia derrota, aunque los buscara bien.
Y es que unas elecciones, en las cuales primó el concepto del “menos malo”, y en donde se compraron tantas voluntades, no pueden generar resultados que motiven celebración. Ni los primeros que a regañadientes eligieron el golpe menos fuerte, ni los segundos que eligieron interés por encima de gusto y sentimiento, pueden encontrar ahora, suficientes motivos para festejar.
Ciertamente sigue vigente la concepción del mal menor. Los dominicanos y dominicanas se sienten atrapados en un círculo vicioso de políticos ladrones, de los cuales, prefieren elegir aquellos ladrones “más recatados”, “más inteligentes”, “más amanerados” y “limpios”. Prefieren elegir a los ladrones menos “bullosos” y más “organizados”, y a aquellos que “roban pero que construyen”. Los eligen, pero al fin de cuentas, saben bien que son ladrones.
Otra razón importante de esta victoria fue el clientelismo. Sin temor a equivocarme, pienso que Fernández ha logrado crear la mayor red clientelar de la historia dominicana. Comparable únicamente (en proporción y no en magnitud) con la construida a finales de 1800 por Ulises Heureaux (Lilís), quien también fue un alumno aventajado de un gran hombre, y terminó traicionando sus principios; y quien también trajo modernidad al país de la mano del Ferrocarril y de las plantaciones. Espero, sinceramente, que no necesitemos a un Jacobito de Lara.
Nunca, desde los últimos años de Lilís (y ni siquiera con Trujillo y Balaguer), un Presidente había hecho tantos esfuerzos por sonsacar y corromper la disidencia; por destruir las instituciones y las organizaciones gremiales, y por distorsionar la subjetividad de todo un pueblo con propaganda y desinformacion. Nunca se había utilizado tanto dinero público para comprar tantas voluntades y partidos.
Con la inmensa y abultada nómina pública, con el festival de subsidios (a la electricidad, al gas, al pan, a la leche, al pollo y los huevos, a los transportistas, al arroz, etc), con la compra dirigentes opositores, con las pensiones de intelectuales y artistas, con el uso de la millonaria publicidad gubernamental, con los tratos bajo de la mesa con los dirigentes de los cárteles choferiles, con la tarjeta solidaridad, con la tarjeta de los estudiantes, con la creación de la policía auxiliar, con la utilización del financiamiento público a instituciones para neutralizarlas (Academia de Ciencias, UASD, etc) y con la nómina de periodistas, y sin siquiera hablar de la nominilla, entre otros, se ha creado una gran red de clientelismo que enreda a cientos de miles de personas “claves” las cuales comprometen y en el mejor de los casos neutralizan cualquier disidencia. La lógica de funcionamiento es similar a la del PEME, pero a diferencia del “programa” anterior, la nueva red no incluye sólo delincuentes, beneficia también a periodistas, productores y empresarios, dirigentes políticos, artistas, intelectuales, personalidades y dirigentes gremiales. Todos personas con cierta influencia en la opinión pública o en su sector de origen.
En otro nivel, una lógica clientelar más masiva, busca beneficiar con pequeñas cantidades de dinero a gente del pueblo a jóvenes, a dirigentes políticos medios y bajos de ese partido y a amas de casa. Una vez creada la red, el beneficiario, o sus familiares, temen perder la miserable dádiva y tienden, por tanto, a favorecer el día de las elecciones al candidato Leonel Fernández y a su reelección.
En este análisis omitiré los beneficios del pastel que reciben los grandes empresarios en términos de subsidios a la energía y el combustible, y sobretodo el otorgamiento de onerosos contratos y permisividad ante sus mafias, tales como el contrato de San Soucí. Esta situación, más corporativa que clientelar, explica el porque el Consejo Nacional de la Empresa Privada –CONEP- ha dejado atrás su tradicional espíritu combativo para silenciar su alegría en aras de la gobernabilidad, pero ese es otro análisis.
Ni una palabra de los grandes jerarcas de la Iglesia Católica de los cuales ya conocemos sus más que evidentes preferencias electorales. Sin embargo, a diferencia de los pequeños beneficiarios que votan por Fernández para conservar una dadiva miserable, a costa precisamente de su propia miseria y entregar su dignidad, los grandes empresarios y los jerarcas de la iglesia, si tuvieron este 16 de mayo pasado, grandes motivos para celebrar.
Es precisamente esta inmensa red clientelar, expresada los miles de millones de pesos invertidos en publicidad gubernamental, y las nóminas de miles de periodistas poco serios, la que ha logrado imponer en los hechos una visión distorsionada de la realidad. La inmensa y aceitada maquinaria propagandística del PLD ha tergiversado la realidad para venderle al ciudadano común que su situación mejora; que el Presidente Fernández es un Presidente “inteligente” y modernista; que se preocupa por la educación y que es “más estadista” que los demás.
Son precisamente los más jóvenes los más vulnerables ante la propaganda; son ellos los más fáciles de impresionar con un avance tecnológico y una modernidad que solamente es virtual, alejada obviamente de las escuelas sin pupitres, los hospitales sin camas y los barrios sin luz. Los más jóvenes, con poca experiencia y malicia, caen más fácilmente en las redes de los manipuladores, y por eso votaron masivamente por Fernández.
La clase media, los sectores urbanos, también votaron masivamente por Fernández el pasado 16 de mayo. Valoran la estabilidad y tienen muy fresco el recuerdo del desastre llamado Hipólito Mejía. No les importa mucho el presidente de turno, siempre y cuando puedan seguir usando las tarjetas de crédito, los préstamos, los Mall’s y viajando a Estados Unidos de cuando en vez. No se dan cuenta que el modelo actual genera la creciente inseguridad en la que viven y prefieren el mal menor.
Leonel ganó también por la oposición. Los cuales se esforzaron por perder.
Por un lado, el Partido Revolucionario Dominicano –PRD-, el cual eligió el peor candidato posible. Un hombre sin carisma, ni luces, pero perseguido por demasiados escándalos que hacían demasiado impotable su candidatura. Su propaganda fue agresiva y poco creativa, y su discurso alejado de los intereses de la gente. El único atributo de Miguel Vargas Maldonado era su fortuna, pero al fin de cuentas no resultó ser tan afortunado.
Los disminuidos reformistas, por su parte, presentaron un candidato folklórico que hizo de hazmerreír tirando pollos y gallinas desde una Hummer veloz. Los pocos reformistas que quedaban, fueron absorbidos por los demás partidos, sobretodo el Partido de la Liberación Dominicana, y el Presidente, quien con mucho dinero sucio en el bolsillo, se ha encargado de pulverizar al Partido Reformista, y adueñarse definitivamente de la nueva derecha dominicana. EL PRSC, un partido que había gobernado por 22 años el país, puede considerarse un partido desaparecido al obtener el 4.59% de los votos el pasado 16 de mayo.
Se combinaron muchos factores que obligaron al pueblo dominicano a elegir un mal menor, que de todos modos es mal. Fue un hecho real y sólo nos resta estudiarlo, comprenderlo, pero lo más importante, aprender de él. Aprender sobretodo la forma de evitar que se repita.
Nuestro pueblo deberá saber elegir mejor sus gobernantes, o seguirá llorando lágrimas de sangre por sus consecuencias. Nosotros por nuestra parte, deberemos aprender a facilitarle al pueblo salir del circulo vicioso en que se encuentra.
LA INMIGRACIÓN ILEGAL DE HAITIANOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Uno de los grandes problemas que afronta el Estado moderno es el relativo a la migración humana en sus dos aspectos: inmigración y emigración.
El ateniense Jenofonte escribió MEDIOS DE AUMENTAR LAS RENTAS PÚBLICAS EN ATENAS, obra considerada la primera monografía económica de que se tiene conocimiento, en la cual aboga por una inmigración abierta, y la justifica de la manera siguiente: “Si instituyéramos también una agrupación que se ocupara de los extranjeros, como tenemos una que se ocupa de los huérfanos, y se confiriera algún honor a aquellos que introdujesen el mayor número de ellos, un plan semejante satisfaría mas a los extranjeros residentes entre nosotros y, como es probable, todos los que no tienen residencia buscarían ansiosamente establecerse en Atenas y así aumentarían los ingresos públicos. “Mientras más fuese la gente que se estableciera entre nosotros y nos visitara es evidente que se importarían, exportarían y venderían mayores cantidades de mercancías y se asegurarían mas ganancias y tributos”.
En los tiempos actuales, los países que tradicionalmente habían mantenido una política abierta de inmigración han tenido que revisarla, pues el interés nacional así lo ha demandado. Los motines y protestas ocurridos en Francia el pasado mes de noviembre reflejan esa realidad; el endurecimiento de las medidas adoptadas contra los ilegales por los Estados Unidos de América constituye otro ejemplo.
Actualmente, la República Dominicana está sufriendo las consecuencias de las abundantes contrataciones y tratados con la vecina República de Haití, tendentes a la importación de una mano de obra relativamente más barata y más trabajadora. Proceso relacionado directamente con el desarrollo de la industria azucarera en el país, que a partir de principios del siglo XX inició una masiva importación de braceros haitianos, que supuestamente eran contratados temporalmente, por lo que ninguna diligencia legal a fin de legitimar su residencia en nuestro territorio era necesaria.
Ahora bien, debemos de estar conscientes de que la desesperación que obliga a un infeliz haitiano a cruzar la frontera para conseguir un mendrugo de pan, aún a sabiendas de que en el otro lado será maltratado y humillado, es similar a la que impulsa a un infeliz dominicano a exponerse en una yola a desafiar el mar, y a un mexicano o un sudamericano a cruzar enormes extensiones de terreno desérticas, a sabiendas de que podría perecer en el intento, para alcanzar la tierra que pueda ofrecerle mejor calidad de vida.
Del mismo modo, hemos de saber, que la gran cantidad de haitianos ilegales que entran a territorio dominicano constituye una realidad, que ha beneficiado a muchos hombres, que sobreponiendo sus intereses al interés de su Patria, han hecho fortuna con el tráfico de indocumentados haitianos. Por lo que consideramos, los culpables del problema dominico-haitiano están a ambos lados de la frontera.
La poderosa industria azucarera y la pujante industria de la construcción, son claros ejemplos de empresas ampliamente beneficiadas con la presencia del trabajador haitiano, al cual explotan dada su condición de ignorancia, falta de documentación legal y desprotección laboral. Es tanto así, que ambos negocios violan cabalmente la ley que establece que en el personal empleado de una empresa, el 80 por ciento cuando menos, debe ser mano de obra dominicana. Sin embargo, los haitianos constituyen más del 90 por ciento dentro de las citadas industrias. Sólo para decir un ejemplo.
Nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Realmente necesita República Dominicana fuerza laboral inmigrante? No, seria la respuesta correcta, puesto que no debemos olvidarnos de la alta tasa de desempleo que existe en nuestra sociedad. Sin embargo, es el año 2006, declarado por el Presidente Leonel Fernández como el Año de la Generación de Empleos, excelente consigna, pero también es el año en cual hay más de un millón de haitianos indocumentados, los cuales ocupan espacios, trabajos e ingieren alimentos, que bien podrían ser de dominicanos.
En cuanto a la natalidad, 420 bebés de madres haitianas nacen al año en el Hospital Regional Jaime Mota, de la ciudad de Barahona. La cifra es alarmante, pero indudablemente inexacta si investigásemos las demás hospitales del resto del territorio nacional. ¿Estas criaturas, en caso de nacer de indocumentadas, son dominicanas? He aquí una de las interrogantes más comentadas respecto a la problemática dominico-haitiana. Puesto que a partir de esta situación esta en juego la nacionalidad dominicana, quienes han de ser beneficiados con ella y quienes no.
La Constitución Dominicana en su artículo 11, inciso 1ro plantea: “Son Dominicanos: Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de transito en él”. Como vemos, la Carta Magna no especifica en cuanto a aquellas personas, que se encuentren de manera irregular en el territorio, como tal es el caso de más del 90 por ciento de los haitianos que viven en el país.
Dentro del presente contexto, la Suprema Corte de Justicia, a propósito de la inmigración y su relación con la nacionalidad, dictó la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2005. En dicha decisión queda definitivamente establecido que sólo los hijos de extranjeros autorizados y con residencia permanente en el país llegan a ser dominicanos. Evidentemente se da una confrontación con lo planteado en la Constitución.
Es por esto, que la ausencia de una clara política migratoria es el principal problema de la inmigración haitiana. Puesto que ineficazmente se cumple el artículo 37 de nuestra ley de leyes, que precisa en el numeral 9 que: “Es atribución del Congreso: Disponer todo lo relativo a la migración”. Siendo la regulación y el control del movimiento de las personas que entran y salen del país un derecho inalienable y soberano del Estado Dominicano.
Por consiguiente, a la hora de plantear soluciones, lo primero que ha de hacerse es una Reforma Constitucional que contemple todos los aspectos concernientes a los derechos de los residentes ilegales del territorio. Por supuesto, esto con llevaría una reforma al Código de Trabajo, a fin de que sólo estipule los derechos de aquellos extranjeros documentados, dejando a la merced de la explotación a los ilegales.
Abogando siempre, por soluciones legales claras ante la creciente inmigración haitiana indocumentada, como lo exigió la Conferencia del Episcopado en la pasada Carta Pastoral con motivo de la celebración del día de Nuestra Señora de la Altagracia, el 21 de enero de este año.
A nivel internacional, hemos de ser honestos, si existiese una verdadera voluntad identificada con el problema de pobreza y superpoblación haitiana, Francia, una nación históricamente relacionada con Haití, no escatimase esfuerzos, y se plantearía y estudiaría las posibilidades de disposición del territorio de la Guyana Francesa, actualmente poco habitada, como una de las alternativas de destino para haitianos. En cambio, las grandes potencias pretenden ignorar, que es más fácil para la tortuga ganarle al conejo, que para la República Dominicana cargar con Haití.
Así pues, luego de que los parámetros legales estén estrictamente establecidos, es un deber del Estado el saneamiento y fortalecimiento de los cuerpos armados encargados de la vigilancia fronteriza, puesto que la corrupción de éstos ha sido un factor determinante en la entrada ilegal de haitianos, que deben ser repatriados sin excepción alguna.
De esta manera, se logrará establecer un control significativo de la inmigración haitiana y los trabajos que en su condición de ilegales realizaban, pasarían a manos dominicanas. No obstante, es necesario destacar que este proceso, no esta empañado de un carácter discriminatorio, sino de un carácter legal. Tengan en cuenta que debemos poder alimentar a nuestros hijos, antes de ayudar al vecino con los suyos. Como dijo Juan Pablo Duarte: “Sed justos, lo primero, si queréis ser felices. Ese es el primer deber del hombre…”.
- Boris De León Reyes: 6 de enero del 2006
BIBLIOGRAF ÍA
- Constitución de la República Dominicana
- Carta Pastoral de la Conferencia del Episcopado del día de Nuestra Sra. De la Altagracia, 21/1/2006
- Discurso de la Audiencia Solemne, del día del Poder Judicial, el 7/1/2006
- Periódico Diario Libre de fechas: 20/12/2005; 16/1/2006; 20/1/2006
- www.monografias.com
- www.27febrero.com/ideariodeduarte
EL PRESIDENTE, LA SUNLAND Y LA INCONSTITUCIONALIDAD
El argumento del Presidente Fernández de que el órgano competente es el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, se basa en una valoración sobre el carácter del acto objeto de impugnación.
Cristóbal Rodríguez Gómez/Especial para Clave Digital[1]
En su segunda comparecencia al programa “Las propuestas de los candidatos”, el Dr. Leonel Fernández planteó tres razones por las que, a su parecer, la Corte Suprema de Justicia debe declarar inadmisible la acción en inconstitucionalidad incoada por el Partido Revolucionario Dominicano para reclamar la nulidad del contrato entre el Estado Dominicano y The Sunland Corporation R.D., S.A. Las razones expuestas por el señor Presidente son las siguientes:
a) Que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la controversia es el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo, y que, en consecuencia, la Corte Suprema de Justicia no tiene facultad para pronunciarse sobre la acción que le fuera sometida;
b) que la Corte Suprema de Justicia no puede conocer de la inconstitucionalidad de un contrato, en virtud de que la constitución sólo la faculta para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes, y
c) que el Partido Revolucionario Dominicano y el Foro Social Alternativo carecen de calidad para interponer la acción, por no tener un interés legítimo y jurídicamente protegido para ello.
En las líneas que siguen se presenta un breve análisis técnico de cada uno de los argumentos referidos por el Presidente Fernández.
a) Sobre la alegada incompetencia de la Corte Suprema de Justicia
El argumento del Presidente Fernández de que el órgano competente es el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, se basa en una valoración sobre el carácter del acto objeto de impugnación.
El razonamiento del Primer Mandatario es muy simple: si el acto cuestionado es de naturaleza administrativa, como suelen ser los contratos suscritos por la administración, parece lógico que la competencia para decidir el asunto le corresponde Contencioso Administrativo. Sin embargo, tanto la premisa que indaga sobre la naturaleza del acto, como la conclusión sobre la jurisdicción competente, están basadas en un error y son, por consecuencia, incorrectas.
El punto de partida en esta materia no es, ni puede ser, determinar si el acto atacado es del orden administrativo o no. La pregunta pertinente a la que hay que dar respuesta es la siguiente: ¿cuál es la naturaleza de la controversia que ha suscitado el acto en cuestión? Y esta pregunta sólo se responde verificando cuál es la norma presuntamente vulnerada por el acto administrativo.
Si la norma transgredida es una ley, corresponde al Tribunal Contencioso, en su condición de guardián de la legalidad de los actos de la administración, resolver el diferendo. En cambio, si la norma transgredida, o alegadamente transgredida, es la constitución, es competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, en el ejercicio de su función primordial de garantizar la primacía de la constitución por sobre toda la estructura normativa del Estado, declarar la nulidad del acto atacado.
El principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 46 de nuestra constitución postula la nulidad, de pleno derecho, de toda ley, decreto, reglamento, resolución o acto que le sean contrarios. Esta cláusula mayor de la norma jurídica suprema es la que da fundamento y sentido de coherencia a todo el sistema de control de constitucionalidad de las normas en el país.
No importa el carácter o la naturaleza de la norma, ni el órgano del que proceda, si la misma contraría la constitución, es nula de pleno derecho, en virtud de lo dispuesto por el referido artículo 46. La facultad para pronunciar esa nulidad ha sido otorgada por el propio constituyente a la Corte Suprema de Justicia, tal y como se puede verificar de la lectura combinada de los artículo 46 y 67.1. Conforme el texto de este último artículo, es competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia conocer “(…) de la inconstitucionalidad de las leyes…). Sobre el concepto de ley volveremos más adelante.
En relación con el caso que nos ocupa, resulta que en fecha 15 de mayo de 2006, el Gobierno Dominicano, representado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y The Sunland Corporation R.D., S.A., suscribieron el “Contrato de Construcción de Obras Prioritarias para el Estado Dominicano, Suministro de Materiales y Equipos”, conjuntamente con diecinueve (19) pagarés, cada uno por la suma de US$6,842105.00. En estos pagarés aparece como deudor el Gobierno de la República Dominicana.
De conformidad con la constitución, este contrato debió ser remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su aprobación o desaprobación, al tenor de lo dispuesto en los numerales 13 y 19 del artículo 37, así como en el numeral 10 del artículo 55. El artículo 37 de la constitución dominicana, que define las atribuciones del Congreso Nacional, dispone en su numeral 13, como una de ellas, la siguiente: “Autorizar o no empréstitos sobre el crédito de la República Dominicana, por medio del Poder Ejecutivo.”
Por su parte, el numeral 19 del mismo artículo 37 dispone que corresponde al Congreso Nacional “aprobar o no los contratos que le someta el Presidente de la República, de conformidad con el inciso 10 del artículo 55 y con el artículo 110.” Este artículo 55, en su numeral 10, faculta al Ejecutivo a celebrar contratos, los cuales deberá someter “a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales…”
La remisión del mencionado contrato por parte del Ejecutivo al Congreso nacional no es una decisión facultativa, sino que está establecida con carácter obligatorio y a pena de nulidad por la propia constitución. La inobservancia, por parte del Ejecutivo, del procedimiento constitucionalmente previsto, constituye una transgresión a los artículos 37 (en las partes citadas), 46 y 55 de la constitución.
Como se ha dicho anteriormente, la materialización de una norma o de un acto contrarios a la constitución convierten en nulo de pleno derecho la norma o acto de que se trate. La controversia jurídica que se suscita en ocasión de la emisión de una norma tal, es de naturaleza estrictamente constitucional, siendo por tanto la Corte Suprema de Justicia la única entidad con capacidad para declarar la nulidad en cuestión, no el Tribunal Contencioso como erróneamente pretende el Dr. Leonel Fernández.
¿Puede la Corte Suprema conocer de la inconstitucionalidad de un contrato?
El segundo argumento del Señor Presidente de la República plantea que la Corte Suprema de Justicia no puede conocer de la inconstitucionalidad de los contratos, sino únicamente de las leyes. Esta conclusión se basa en un ejercicio de interpretación literal del numeral 1 del artículo 67 de la constitución que, efectivamente, sólo menciona las leyes como normas objeto de control de constitucionalidad por parte de nuestro máximo tribunal de justicia.Lo primero que hay que señalar es que el artículo 67 de la constitución no puede interpretarse al margen de lo dispuesto por el artículo 46 antes citado. Ambos textos son el anverso y el reverso de la misma moneda.
Ambos expresan hasta sus últimas consecuencias, la garantía del carácter supremo de las normas constitucionales, la nulidad que, en consecuencia, afecta a todas las normas inferiores que les sean contrarias y el ámbito jurisdiccional de competencia para declarar esa nulidad.
El principio general de supremacía de la constitución que establece el artículo 46, según el cual son nulos de pleno derecho las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos o actos contrarios a la Ley Fundamental, cobra su pleno sentido práctico cuando el legislador constituyente define el mecanismo de garantía para hacer efectiva esa supremacía, el cual radica en la asignación de competencia exclusiva a la Corte Suprema de Justicia para declarar la nulidad postulada por el artículo 46.
En este terreno, poco o nada importa que el artículo 67 sólo se refiera literalmente a la Ley. Lo auténticamente relevante, la interpretación que resulta cónsona con el sistema de blindaje que la constitución se construye, es que no puede haber ningún acto de poder exento de control, que ninguna norma jurídica puede quedar sustraída del escrutinio jurisdiccional garante de su conformidad con la constitución.
La cuestión es simple: la supremacía de la constitución opera frente a todas las normas y actos emanados del poder. Por tanto, el mecanismo de garantía de ese principio, que es el sistema de control de constitucionalidad residenciado en la Corte Suprema, ha de operar como ente de control de todas y cada una de las instancias de poder con facultad de emitir actos normativos.
Pero además, el Dr. Fernández olvida que ya la propia Corte Suprema de Justicia decidió, el 6 de agosto de 1998, el alcance que debe darse a la noción de ley cuando se trata de controversias de carácter constitucional. En esa temprana decisión juzgó nuestro máximo tribunal que la definición de ley no debe ser entendida en sentido estricto, como referida sólo a las disposiciones de carácter general y abstracto aprobadas por el Congreso Nacional y promulgadas por el Poder Ejecutivo. Dejemos hablar a los magistrados supremos:
“…Si bien es cierto que el artículo 67, numeral 1 de la Constitución de la República menciona sólo a las leyes, como el objeto de la acción en inconstitucionalidad por vía directa ante la Suprema Corte de Justicia, lo que ha servido de base para la posición hasta ahora mantenida, restringida a los actos propiamente legislativos del Congreso Nacional, no es menos valedero que cuando el artículo 46 de la misma Constitución proclama que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución o acto contrario a la Constitución, está dando apertura indudable al sistema de control difuso de la constitucionalidad en el curso de una controversia judicial, o sea, el que opera mediante la excepción de inconstitucionalidad en el curso de una controversia judicial entre partes, como medio de defensa; que al consagrar la Asamblea Revisora de la Carta Magna en 1994 el sistema del control concentrado de la constitucionalidad, al abrir la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o una parte interesada, pudieran apoderar directamente a la Suprema Corte de Justicia, para conocer de la constitucionalidad de las leyes, es evidente que no está aludiendo a la ley en sentido estricto, esto es, a las disposiciones de carácter general y abstracto aprobados por el Congreso Nacional y promulgadas por el Poder Ejecutivo, sino a la norma social obligatoria que emane de cualquier órgano de poder reconocido por la Constitución y las leyes, pues, aparte de que el artículo 46 de la Constitución no hace excepción ni distinción al citar los actos de los poderes públicos que pueden ser objeto de una acción en nulidad o inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia, como guardiana de la Constitución de la República y del respeto a los derechos individuales y sociales consagrados en ella, está en el deber de garantizar, a toda persona, a través de la acción directa, su derecho a erigirse en centinela de la conformidad de las leyes, decretos, resoluciones y actos en virtud del principio de la supremacía de la constitución…” (SCSJ No. 1, 6 de agosto de 1998. Boletín Judicial No. 1053, vol. I, pp. 5 y 6).
Si se considera que, tal como sucede en el constitucionalismo comparado y ha reconocido nuestra Corte Suprema, la jurisprudencia constitucional es una fuente directa de derecho, en nuestro caso, con rango constitucional, resulta difícil entender el razonamiento del Señor Presidente en el sentido de que los contratos de la administración no son impugnables en sede constitucional.
Finalmente en relación con este aspecto, hay que recordar que el texto del artículo 46 arriba citado, habla en su parte final de la nulidad de los “actos” contrarios a la constitución. Cabe preguntarse pues: ¿reúne el contrato suscrito entre el Gobierno Dominicano y la Sunland Corporation R.D., S.A. los requisitos típicos del “acto administrativo” pasible de ser objeto de control de constitucionalidad al tenor de lo dispuesto por el artículo 46 de la constitución?
En el ámbito del administrativismo contemporáneo existe una rica producción doctrinal relativa a la teoría del acto administrativo que lo clasifica en unilateral y contractual. Sobre esta clasificación ha dicho el maestro Agustín Gordillo: “Al caracterizar el acto administrativo como unilateral y al contrato administrativo como bi o plurilateral, se hace necesario considerar el alcance de la uni o la bilateralidad. En este sentido puede distinguirse la uni o la bilateralidad tanto en la forma del acto (si concurre a él la voluntad de un sólo sujeto de derecho, o la voluntad de más de un sujeto de derecho) como en sus efectos (si el acto crea derechos y deberes para un solo sujeto o más de uno). El contrato administrativo sería la expresión típica del acto bilateral tanto en su formación como en sus efectos…” (Agustín Gordillo. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III. Editorial Macchi. Buenos Aires, p. 24. Subrayados crg).
En otras palabras, el contrato objeto de impugnación por inconstitucional, es un acto generador de derechos y obligaciones jurídicas que, al encajar en la categoría de actos previstos en la parte final del artículo 46 de la constitución, podrá ser siempre cuestionado en su constitucionalidad ante la Corte Suprema.
b) Sobre la alegada falta de interés para actuar para el PRD y el Foro Social Alternativo
El tercer argumento esgrimido por el Primer Mandatario en su intervención se refiere a que ni el Partido Revolucionario Dominicano ni el Foro Social Alternativo tienen calidad para actuar, en tanto que no pueden demostrar que poseen un interés personal, legítimo y jurídicamente protegido.
Efectivamente, los actores legitimados para demandar la inconstitucionalidad de las leyes son el Presidente de la República, los presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional, o parte interesada (artículo 67.1 constitucional). Es cierto que la tradición procesal en la que se ha inscrito la práctica del derecho en nuestro país elevó a la categoría de axioma la expresión “el interés es la medida de la acción” y, por tanto, sin interés, no hay acción en justicia que valga.
Sin embargo, tenemos que recordar nuevamente que el intérprete supremo del significado y alcance de la constitución en nuestro país es la Corte Suprema, cuando actúa como Tribunal Constitucional. En el ejercicio de esa potestad, nuestro más alto tribunal ha dicho, a propósito de la noción de parte interesada lo siguiente: “debe entenderse por parte interesada aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposición legal, pretendidamente inconstitucional, o que justifique un interés legítimo, directo y actual, jurídicamente protegido, o que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave y seria.” (SCSJ No. 1, 6 de agosto de 1998. Boletín Judicial No. 1053, vol. I, p. 6 subrayado crg).
En otras palabras, nuestra Corte Suprema ha juzgado que, en materia de control de constitucionalidad por vía de acción directa, la noción de parte interesada se extiende a cualquier persona con facultad para producir la denuncia, no importa que sus derechos subjetivos y personales se encuentren afectados.
Exige como condición única que la denuncia sea grave y seria. Basta que cualesquiera de los poderes públicos adopte una norma o decisión contraria a la constitución para convertir a toda la sociedad en parte interesada. ¿Interesada en qué? En el objetivo de retrotraer las actuaciones del poder a los límites que la constitución dispone. La ciudadanía, como parte de esa “comunidad abierta de intérpretes de la constitución” de que nos habla Haberle, es la primera interesada en la sumisión del poder a los cánones constitucionalmente establecidos, cuya efectividad y garantía se hace operativa a través del ejercicio de la acción en inconstitucionalidad.
Pero además, la clásica idea de que el interés para actuar en justicia, deber ser personal del demandante, ha sido considerablemente relativizada, tanto en la teoría general del derecho como en la teoría procesal, a partir del creciente empuje que en los modernos sistemas jurídicos han venido teniendo las nociones de intereses difusos y colectivos.
El nuevo paradigma del Estado social y democrático de derecho, que constituye el punto de partida de los intereses difusos y colectivos, está a la base de un poderoso y decisivo replanteamiento de las clásicas concepciones en el ámbito del derecho procesal. Puesto que los derechos ya no son sólo asunto del individuo aislado, no se puede exigir como condición para la validez del interés de actuar en justicia el involucramiento o afectación directa y personal del demandante: el interés puede ser, en lo adelante, tanto personal, como colectivo.
Son estas ideas las que sin duda subyacen al replanteamiento de la noción de interés operada por la Corte Suprema de Justicia en materia de control de constitucionalidad de la ley.
En resumen, no sólo el Partido Revolucionario Dominicano y el Foro Social Alternativo tienen legitimación procesal para demandar la nulidad del contrato suscrito entre el Estado Dominicano y The Sunland Corporation, sino que cualquier ciudadano, en virtud de la acción popular perfilada por la Corte Suprema en su decisión, puede hacerlo. Y es que como la constitución nos tiene a todos como destinatarios, todos somos parte interesada en garantizar su valor normativo y su carácter de norma suprema.
[1] Abogado, especialista en derecho constitucional y profesor universitario.
Yo Persigo Una Forma…
Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo,
botón de pensamiento que busca ser la rosa;
se anuncia con un beso que en mis labios se posa
al abrazo imposible de la Venus de Milo.
Adornan verdes palmas el blanco peristilo;
los astros me han predicho la visión de la Diosa;
y en mi alma reposa la luz, como reposa
el ave de la luna sobre un lago tranquilo.
Y no hallo sino la palabra que huye,
la iniciación melódica que de la flauta fluye
y la barca del sueño que en el espacio boga;
y bajo la ventana de mi Bella-Durmiente,
el sollozo continuo del chorro de la fuente
y el cuello del gran cisne blanco que me interroga.
*
- Rubén Darío
En el Día del 164 aniversario de la Independencia Nacional
Un día como hoy evoco el ideario de Duarte, cuando se refiere al Sentimiento Nacional.
En “una reunión de varios dominicanos en la casa de D. Manuel Joaquín Almonte, con objeto de aunar voluntades, Duarte manifestó que todo pensamiento de mejora en que el sentimiento nacional se postergara a la conveniencia de partidos, debía siempre reprobarse, porque puesto en ejecución constituía delito de lesa patria”. (Serra: Apuntes, pág. 19)
Así mismo, recuerdo este poema:
A DUARTE
Cada día es más grande tu estatura
mientras todo en tu patria se envilece.
Tu gloria como un astro resplandece
y gana con el tiempo más altura.
La atmósfera en tu patria es más oscura
y mientras todo en ella palidece
en cambio en todos la conciencia crece
que es más grande el creadorque la criatura.
Sólo nos queda tú
con tu alto ejemplo;
tú que en el sacrificio eres un templo.
Tú que en el patriotismo
eres monstruoso.
Aunque en tu pueblo tu clarín no vibre
y no puedas volver a hacerlo libre
hazlo digno de tí, padre grandioso.
Autor: Joaquín Balaguer
Finalmente, ya invadido por una leve nostalgia, observo las portadas de los príncipales periódicos de circulación nacional, observo las autómatas formalidades, las promesas oficialistas despampanantes, las bien fundadas críticas de la oposición política, la inauguración de la “obra mimada” del gobierno (que “resolverá” los fundamentales problemas de educación y salud, perdon, “transporte”, mas esta sí se puede VER). Paso las páginas y observo la publicidad de los vicios, que cada día ayudan al dominicano a olvidar. Entonces, entiendo el escepticismo y el desinterés de los jóvenes en la política, la impotencia del ciudadano común, el que no está “pegado con el gobierno” y no tiene razones por las que defender la mediocridad de nuestros gobernantes…
No obstante, prefiera yo vivir en base a principios y que mi desenvolver contribuya siendo ejemplo, y en lo que pueda formando parte del cambio, antes que sucumbir en la impotencia y ser más de lo mismo, lo mismo que hoy observo con ganas de cambiar de canal.
Unete a la lucha contra la CORRUPCION!
Hoy se cumple el 144 Aniversario de la Restauración de nuestra Independencia Nacional
Arriba el pabellón
¡Tercien armas! ¡como quiera!
el acostumbrado estruendo
ello es que el sol va saliendo
y hay que enhestar la bandera.
Enfilando pelotón
de la guardia somnolienta
al pie del asta presenta
arbitraria formación.
Y hechas a las dos auroras
en que cielo y Patria están
pasan de largo a su afán
las gentes madrugadoras.
Ni ven el sol de la raza
cuyos colores lozanos
tremulan entre las manos
del ayudante de la plaza.
Ni del lienzo nacional
fijo ya a delgada driza
recuerda que simboliza
toda una historia inmortal.
Pues cada matiz encierra
lo que hicieron los mayores
por el bien y los honores
y el rescate de la tierra.
El rojo de su gloriosa
decisión dice al oído,
“Soy – dice – el laurel teñido
con su sangre generosa.”
Es el azul de su anhelo
progresitas clara enseña
color con que el alma sueña
cuando sueña con el cielo.
El blanco póstumo amor
a sus entrañas se aferra
dar por corona a la guerra
el olivo al redentor.
Presenten armas, ya ondea
el Pabellón y se encumbra
bajo el sol que deslumbra
y el clarín que clamorea;
ladra un can del estridente
sonido sobresaltado
arede en aromas el prado
rompe en trinos el ambiente.
¡Que linda en el tope estás
Dominicana bandera!
¡Quién te viera, quien te viera
más ariba mucho más!
Gastón Fernando Deligne
Superpoblación & Calentamiento Global
“La capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre” (Malthus 1978). Puede que la Teoría de Malthus no goce de plena certeza, pero sí expone un punto clave. El exceso de población de una especie que reside en un espacio determinado, acarrea consigo ominosas consecuencias para la convivencia y supervivencia de la misma. La superpoblación es, sin duda alguna, la semilla de la cual surgieron las diversas causas del calentamiento global y, por ende, el factor base del problema.
En la actualidad, la población de nuestro planeta se encuentra por encima de 6,000 millones de habitantes. Su crecimiento es motivo de preocupación mundial ya que se ha duplicado desde 1950 (Ver gráfica 1) y no es homogéneo, nunca ha tenido una tasa constante, observándose períodos en disminución y/o en aumento más o menos rápidos. Además, ha variado de unos espacios geográficos a otros.
Gráfica 1 Crecimiento de la población mundial. A partir del año 2000, el crecimiento de la población mundial será cada vez menor. La población continuará creciendo, sin embargo durante mucho tiempo. En el año 2050 habrá nueve mil millones de habitantes.
Del mismo modo, se ha de destacar el hecho de que el volumen, la distribución, el crecimiento y el desplazamiento de la población están estrechamente relacionados con los problemas globales de pobreza, agotamiento de los recursos y degradación del medio ambiente. De aquí, la importancia de tomar en cuenta elementos como la presión demográfica a la hora de analizar el calentamiento global.
Para hablar sobre el Calentamiento Global es menester tener claro el concepto de efecto invernadero (Ver Gráfica 2). El efecto invernadero es el término que se aplica al papel que desempeña la atmósfera en el calentamiento de la superficie terrestre. La atmósfera es prácticamente transparente a la radiación solar de onda corta, absorbida por la superficie de la Tierra. Gran parte de esta radiación se vuelve a emitir hacia el espacio exterior pero es reflejada de vuelta por gases como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos (CFC) y el ozono, presentes en la atmósfera. La importancia de los efectos de absorción y emisión de radiación en la atmósfera son fundamentales para el desarrollo de la vida tal y como se conoce. De hecho, si no existiera este efecto la temperatura media de la superficie de la Tierra sería de unos -22ºC , y gracias al efecto invernadero es de unos 14ºC.
Gráfica 2 El Efecto Invernadero y el Calentamiento Global
Desde hace unos años el hombre está produciendo un aumento de los gases de efecto invernadero, con lo que la atmósfera retiene más calor y devuelve a la Tierra aún más energía causando un desequilibrio del balance radiactivo y un aumento de la temperatura (Ver Figura 1). Este efecto de calentamiento es la base de las teorías relacionadas con el calentamiento global.
Figura 1 La acción del hombre provoca el cambio climático.
El Calentamiento Global se refiere al aumento de la temperatura de la Tierra debido al uso de combustibles fósiles y a otros procesos industriales que llevan a una acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Desde 1896 se sabe que el dióxido de carbono ayuda a impedir que los rayos infrarrojos escapen al espacio, lo que hace que se mantenga una temperatura relativamente cálida en nuestro planeta (efecto invernadero). Sin embargo, el incremento de los niveles de dióxido de carbono puede provocar un aumento significativo de la temperatura global, lo que podría originar importantes cambios climáticos. “Ante esto, la comunidad científica internacional ha alertado de que si el desarrollo mundial, el crecimiento demográfico y el consumo energético basado en los combustibles fósiles, siguen aumentando al ritmo actual , antes del año 2050 las concentraciones de dióxido de carbono se habrán duplicado con respecto a las que había antes de la Revolución Industrial. Esto podría acarrear consecuencias funestas para la vida planetaria” (Varela 2005). Para tener una idea sobre el impacto de éste fenómeno, citaremos algunas de las posibles consecuencias:
- Las temperaturas promedio aumentarán al igual que la frecuencia de las olas de calor. Las temperaturas más cálidas también podrían aumentar la probabilidad de sequías. El aumento en la evaporación durante el verano y el otoño podrían exacerbar las condiciones de sequía y aumentar el riesgo de fuegos forestales.
- Olas de calor más frecuentes e intensas podrían dar como resultado más muertes por las altas temperaturas. Se espera que el calentamiento global también aumente el potencial del alcance geográfico y la virulencia de las enfermedades tropicales.
- El aumento en las temperaturas globales acelerará el derretimiento de los glaciares y capas de hielo y causarán deshielos tempranos en ríos y lagos. Y por ende, el aumento del nivel del mar. Lo que provocaría un mayor riesgo de inundaciones en comunidades costeras.
- Pérdida de diversidad de especies, a medida que mueran las especies que no puedan adaptarse a los cambios climáticos.
Ahora bien, luego de observar la previa exposición básica acerca del calentamiento global, es cuestión de lógica encontrar la vinculación de éste con la superpoblación que ha venido afectando a nuestro mundo. Puesto que, al observar las estadísticas podemos establecer que la época en que se destaca el aumento del crecimiento demográfico es la misma, en la que surge y se desarrolla la industrialización mundial (desarrollo capitalista) o Segunda Revolución Industrial. Y se ha de dar por sentado que “[e]l impacto medioambiental de la industrialización también ha sido internacional. La industrialización afectó rápidamente a la calidad del agua y del aire cerca de las fábricas. Las demandas industriales de productos agrícolas, como el caucho, provocaron la deforestación y cambios climáticos en lugares como Brasil. Estos modelos se han acelerado, mientras el crecimiento industrial se ha generalizado, creando temas de actualidad, como el calentamiento global” (Stearns, 9).
Por consiguiente, no resulta extraño que las naciones más pobladas (Ver Tabla 1) de nuestro planeta sean, precisamente, las que más daño hacen al medio ambiente, las que más contribuyen al calentamiento global. Es una cuestión simple, al haber una excesiva cantidad de habitantes, existe una mayor demanda de alimentos, casas, vestimenta, electricidad… Por ende, una mayor demanda de producción industrial que satisfacer.
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Países Más Poblados del Mundo
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Tabla 1
Todos estos factores nos llevan a la Teoría de Malthus, necesariamente, ante mayor número de personas, el aumento del uso de los recursos naturales y fósiles debe continuar, así como la búsqueda de nuevas tecnologías, de nuevas medicinas, de nuevas alternativas, en fin, la infinita meta del progreso.
No obstante, el progreso tiene su lado oscuro. “Los hallazgos del ser humano en su proceso de evolución han sido la pieza clave para consolidar su superioridad en el planeta; sin embargo, algunos de sus descubrimientos… además de beneficiarlo, ponen en riesgo su salud y permanencia en la Tierra” (Gutiérrez 2007). Por ejemplo, el deterioro de la capa de ozono a causa del uso de los aerosoles con clorofluorocarbonos (CFC) está más relacionado con el cambio tecnológico; en cambio, el aumento del volumen de emisiones de dióxido de carbono (CO2) está relacionado con el crecimiento de la población.
En el mismo ámbito, la interrelación entre población, consumo de recursos y medio ambiente es también muy compleja. Dos factores importantes que afectan al impacto de la población mundial sobre su medio ambiente son la tecnología y la riqueza. La tecnología puede influir decisivamente en la producción de bienes, y ésta suele ser un buen indicador de los índices de consumo.
El profesor Paul Ehrlich, de la Universidad de Stanford (EEUU), ha resumido el impacto de la población sobre el medio ambiente mediante la fórmula: I = PPT (Impacto = Población x Producción x Tecnología). Esta fórmula muestra que a cualquier nivel de consumo y tecnología, la población multiplicará el uso de recursos, espacios y residuos, permaneciendo constantes las demás variables. Esta fórmula también destaca el impacto que produce el crecimiento de la población sobre el medio ambiente en las sociedades más desarrolladas, donde los niveles de consumo (a veces con tecnologías que producen gran cantidad de residuos) son extremadamente altos.
En adición, el aumento de la población provoca mayor deforestación, la desaparición de tierras pantanosas y de numerosas especies, el aumento de la cría de ganado (con la consiguiente erosión del suelo), mayores emisiones de metano y el aumento del riego (que causa una mayor salinización y el agotamiento de los acuíferos). Otro elemento medioambiental que se ve afectado por el aumento de la población es el agua. Algunos estudios basados en estimaciones de la ONU prevén que en 30 años entre 2.700 y 3.500 millones de personas vivirán en países que sufrirán de sequía. Según la ONU, para el año 2050 la escasez de agua podría llegar a afectar a un promedio de 4.400 millones de personas en todo el mundo (de un total de 10.000 millones). No obstante, reducción de la velocidad de crecimiento de la población podría aliviar de manera considerable esta problemática en el siglo XXI.
“Debido al aumento en los asentamientos humanos, cada año se cortan 16 millones de hectáreas de bosque”, afirma el Biólogo Nasif Nahle en su artículo Sobrepoblación Humana.
El crecimiento acelerado de las poblaciones humanas ha propiciado la destrucción de los hábitats naturales para muchas especies. La gente invade los hábitats de esas especies, desplazándolas a lugares inhóspitas y condenando a las especies nativas a la extinción masiva. La tasa presente de la extinción es 10000 veces más rápida que la que ocurre en forma natural… Cerca de 5 millones de personas mueren cada año por enfermedades asociadas con los desechos orgánicos… Si la población mundial permanece creciendo en un promedio de tres niños por pareja, la población global para 2050 será de 10.5 mil millones habitantes, de los cuales 7.7 mil millones sufrirán pobreza extrema, falta de agua potable, hambruna, enfermedades, etc. (Nahle 2004).
Es por dichas razones que, en la actualidad, casi la mitad de los gobiernos del mundo persiguen reducir su tasa de crecimiento de poblacional, y nueve de cada diez personas viven en países que promueven la planificación familiar.
Es lógico que en los últimos años se hayan llevado a cabo importantes esfuerzos para desarrollar políticas de población, tanto a nivel nacional como internacional. Después de la II Guerra Mundial, Japón adoptó medidas urgentes para reducir el rápido incremento demográfico. En 1952, la India fue el primer país del Tercer Mundo que adoptó una política demográfica. China tardó casi dos décadas en seguir sus pasos, pero cuando la ejecutó (en la década de 1970) tuvo más éxito que su vecino asiático, debido, entre otras cosas, a una transformación social más rápida con gran reducción de la mortalidad, a un sistema administrativo más eficaz y autoritario impuesto por el Partido Comunista, a un programa de planificación familiar que incluía el aborto y a contar con una población más receptiva a las demandas políticas. En gran parte, la reducción de las tasas de natalidad se llevó a cabo antes de la introducción en 1982 de la “política de un solo hijo”.
En la actualidad se están potenciando los servicios médicos y de planificación familiar para intentar frenar el crecimiento de la población. Así, por ejemplo, en los estados de Kerala y Tamil Nadu (India) se ha reducido la tasa de natalidad como consecuencia de una mejora real de los servicios de educación y de sanidad (en especial para mujeres y niñas), un alto nivel de compromiso político, una promoción activa de las ventajas de la planificación familiar, la implicación de los varones en este tema y la ayuda a los jóvenes.
No obstante, el freno del crecimiento de la población no implica la solución al problema del calentamiento global. Enfatizo lo que afirmó Al Gore: “Cada uno de nosotros causa calentamiento global. Pero todos podemos hacer cambios con las cosas que compramos, la electricidad que usamos, nuestros coches. Podemos decidir bajar las emisiones de carbono a cero. Tenemos las soluciones en nuestras manos. Necesitamos la determinación para ponerlas en vigor” (Gore 2006).
- Boris De León Reyes
Bibliografía
- Gutiérrez, Gabriel. 2007. “El lado oscuro de los grandes descubrimientos del hombre”. Muy interesante, abril.
- Malthus, Thomas Robert. 1789. Ensayo sobre el principio de la población. http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_sobre_el_principio_de_la_poblaci%C3%B3n (última visita 14 de agosto de 2007).
- Nahle, Nasif. 2004. Sobrepoblación Humana. http://biocab.org/Sobrepoblacion.html#TOP (ultima visita 14 de agosto de 2007)
- Stearns, Peter N. Sin año. Influencia mundial de la Revolución Industrial. http://teoriauno.tripod.com/documentos/influenciarevolucionind.pdf (última visita 14 de agosto de 2007).
- Varela, Felipe. 2005. ¿Qué es el calentamiento global? http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/l_calenta/calentamiento_1.htm (última visita 14 de agosto de 2007).
Material Audiovisual
- Gore, Al. 2006. “An Inconvenient Truth”. DVD. Paramount Pictures.
El honorable Secretario de Estado de Turismo…trabajando para el progreso!
Puede que de hecho y derecho sea Secretario de Estado de nuestro gobierno, y que devengue un salario envidiable… pero de honorable no tiene NADA. ¿Cómo es posible que los funcionarios del gobierno abusen de su posicion y burlen la ley, de la manera TAN irónica en que lo hacen en nuestro país? ¿Cómo es posible que otras entidades gubernamentales se expresen en defensa de acciones, que a todas luces destacan huellas de corrupción e ilegítimidad? ¿Cómo es posible que dichos funcionarios no reciban castigos ni reproches de sus superiores (Señor Presidente), y se mantengan en sus cargos?
El gobierno es del partido… el pueblo es simplemente una variable importante, pero no fundamental, como ha de ser… Estoy harto de ver como se repiten las malas mañas, las noticias, los gobiernos. Estoy harto de lo mismo. Hace un tiempo, era de la opinión de que el gobierno del PRD era el más reprochable de todos, y que lo ocurrido en dicho cuatrenio anterior era detestable. Mi opinión en cuanto al PRD no ha cambiado, claro está, tampoco ha cambiado el PRD…
Pero sí admito que me equivoque al pensar que este gobierno trabajaría más para el pueblo y que lo haría de una forma más transparente para lograr una reelección relativamente facil… Gran error. He visto como se han mudado, ido de viaje, multiplicado sus vehículos, en fin, ENRIQUECIDO, los dirigentes peledeístas… y conozco pocos casos! Es el colmo. Pero ver que se lleve a cabo un negocio corrupto que perjudique DIRECTAMENTE a un grupo de campesinos miserables del Sur de nuestro país, en favor de un extranjero, sin concurso público, sin dar participación a la opinión pública, un arrendamiento por 99 años!
A.M. – ¿Buen negocio?El Gobierno se ha tomado a mal las críticas al negocio hecho por el secretario de Turismo con cerca de un millón y medio de metros cuadrados de terrenos ubicados en Barahona, para destinarlos a un proyecto turístico.
Pienso que deberían estar incómodos con ellos mismos, pues parece ser una mala costumbre comprometer bienes en nuestro país sin concurso.
¡Ustedes saben lo que es entregarle una concesión por 99 años sin concurso, a un señor que podrá ser muy conocido fuera, pero que aquí no, al precio vil de menos de un millón de dólares, es decir, a menos de un dólar el metro, sin garantía de ningún tipo!
¡Ustedes saben lo que es autorizar una marina (que figura dentro de los planes de los arrendatarios), sin explicar cómo encaja ese proyecto dentro del gran plan de desarrollo de toda la zona sur del país en materia turística!
¡Ustedes saben lo que es que el Instituto Agrario Dominicano admita que los agricultores fueron instalados como parceleros de la reforma agraria en tierras de escasa vocación agrícola y que por eso es preferible que reciban una migaja por su derecho a operar unas tierras que de seguro triplicarán su valor, para que sea otro el que se lo gane. O sea, engañados dos veces!
¡Ustedes saben lo que es que Bienes Nacionales diga que todo se hizo por la regla, cuando esas tierras son de los campesinos que tienen 30 años ocupándolas, y Bienes Nacionales ha autorizado su disposición!
¡Ustedes saben la injusticia que es que de un acuerdo de US$850,000 dólares, a los campesinos, que son los que serán desalojados, les toque menos de la mitad del dinero!
Por menos que eso ha habido revoluciones en el mundo.
atejada@diariolibre.com
http://www.diariolibre.com/app/article.aspx?id=115936&commentMode=true#comments
Hay varios comentarios en la página, leánlos, favorezco principalmente el de “Adrix, New York-RD”, tal vez un asesinato selectivo de funcionarios corruptos cree conciencia y resultados…
